CONTAMINACION POR POLIMETALES: "UN GENOCIDIO AUTORIZADO"

Si bien es cierto que la O.N.G Oro Negro, tiene como finalidad principal el reconocimiento del pueblo afrodescendiente, y el rescate de su cultura e identidad, no significa que la Organización esté desvinculada de los problemas de la sociedad. En este caso hemos querido presentar un resumen sobre el caso de los polimetales, redactado por el integrante de la O.N.G, Sr. Rodrigo Ortiz , Asistente Social, quien se graduó con la máxima distinción en la Universidad de Tarapacá presentando junto a sus compañeras, una Tesis sobre este grave atentado a la salud de las personas :

Contaminación por polimetales: "Un Genocidio autorizado"

En el proceso de conformación del territorio y de la Historia de las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales ubicadas en la zona nororiente de la comuna de Arica, -que en la actualidad componen un conjunto habitacional estimado en 15 mil personas- se vislumbran al menos tres hitos que constituyen la dinámica interna de estas localidades, en la que sus habitantes han debido convivir por más de dos décadas con los efectos de la contaminación:

Un primer hito caracterizado por la preexistencia del Vertedero Municipal de Arica, y por el tráfico lícito y prácticas fraudulentas relacionadas con el vertimiento de materiales contaminantes desde países industrializados hacia países en desarrollo o pobres.

Entre los años 1984 y 1989, la Sociedad Promel Ltda. Importó desde Suecia e internó al país más de 20.901 toneladas de residuos tóxicos “barros con contenido metálico” para su tratamiento y obtención de sustancias minerales, en su planta ubicada en la zona industrial de Arica. La empresa que los importaba era la Procesadora de Metal PROMEL Ltda, con el pretexto de reciclarlos y obtener oro, al decir de sus socios. PROMEL contó tanto con la autorización del Servicio de Aduanas, quien le exigió una declaración jurada de que estos productos no eran tóxicos, como con la autorización del Servicio de Salud, otorgada para su desaduanamiento. Los residuos quedaron almacenados en un terreno de dicha zona industrial, a la intemperie, sin fiscalización alguna y muy cercano a terrenos que más tarde serían rodeados por el crecimiento urbano de la ciudad, especialmente por planes de vivienda del SERVIU.

Se observa un segundo hito que se inicia con el proceso de urbanización y construcción de viviendas, realizadas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, entre los años 1989 y 1995, compuestas por viviendas básicas, prebásicas y progresivas en sectores colindantes a la zona de acopio, lo que provocó la exposición directa de los habitantes a los polimetales. Hacia el occidente del sector, en el plano, se ubicaba un área industrial con diversas actividades, (Secadora de Pescado, Procesadora de Acido Sulfúrico, entre otras fuentes contaminantes)

Estas casas, fueron construidas en ausencia de plano regulador, en un sector alto con pendiente y suelos de alto contenido salino, área que correspondía a antiguos basureros municipales, “Relleno Sanitario”, sumado a la ubicación de las casas y su tipo de construcción fácilmente se puede comprender la plataforma de vulnerabilidad en el que se originan todos sus conflictos Medio Ambientales.

El desplazamiento de los vientos facilitó la diseminación paulatina y silenciosa de dichos residuos, afectando la salud de los habitantes de las poblaciones próximas al Sitio “F”. Entre las y los vecinos, los malestares físicos y psicológicos comienzan a manifestarse de diversas maneras, de un modo paulatino y ascendente, dado la presencia de: Vertedero Municipal, Micro-basurales, Quema de Basuras, vectores y roedores, y particularmente, los materiales tóxicos acopiados de Promel. Serán estos últimos, los que generaran la reacción ciudadana frente a los Tribunales de Justicia, así lo señala el fallo indemnizatorio por responsabilidad civil por daño causado, cuyas expresiones que usa el fallo sentencian: el servicio incurrió en “una absoluta despreocupación e inercia en el cumplimiento de la función de vigilancia sanitaria” (Valdivia, 2009). Es a partir de la segunda mitad de los años ’90, que los habitantes de estas poblaciones comienzan a visualizar los problemas de contaminación que los aquejan, especialmente la potencial peligrosidad de los desechos metálicos aledaños. Con la ayuda de la ONG Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), inician un trabajo que combina la investigación con la implementación de estrategias de acción social y política para encontrar una solución al problema. Desde ese entonces se inicia un largo y complejo proceso de movilización, donde intervienen una multiplicidad de actores desde las esferas locales hasta las internacionales. Una vez constatado el origen del problema, la acción vecinal se orientó hacia la erradicación de los acopios buscando el apoyo de otras organizaciones, además de la ONG SERPAJ. Entre ellas, la Universidad de Tarapacá, el Servicio de Salud, Municipalidad de Arica, Renace, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) y TERRAM. También se recurrió a las autoridades de la época, comprometiendo al alcalde, gobernador, intendente, parlamentarios y jefes de servicios involucrados, como Salud, CONAMA, SERVIU y otros, en la solución del problema. En octubre de 1997 el Servicio de Salud de Arica remitió al Instituto de Salud Pública muestras del material acopiado. Los resultados señalaban que estos desechos tenían altos índices de arsénico, cadmio, plomo, mercurio, cobre y zinc, de un total de 13 metales. Esto dio pie a que se calificará la situación como emergencia sanitaria ambiental (Pre Informe de la Comisión Especial Investigadora de Contaminación del Plomo, 2003).

En 1997, el Servicio de Aduanas de Arica, autoriza la destrucción del material al Servicio de Salud de Arica, previa renuncia formal de Promel de retirar el material por no poder pagar los derechos respectivos. Sin embargo, la destrucción no se produce quedando en definitiva los residuos abandonados en ese lugar, sin resguardo sanitario alguno con riesgo latente para las comunidades aledañas.

Ese mismo año, el Servicio de Salud de la región decide retirar la totalidad del material acumulado, haciéndose cargo del traslado del acopio de minerales a un lugar fuera del radio urbano (Quebrada Encantada), hecho que tiene lugar durante 1998.

De esta forma, se da inicio a las acciones legales. “En julio del año 1999 se interpone por cientos de vecinos de las poblaciones cercanas a la zona industrial, donde permanecieron acopiados los residuos (poblaciones Los Industriales y Cerro Chuño), patrocinados por la organización no gubernamental Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una demanda por daño ambiental, basada en la Ley N° 19.300, contra la Sociedad Promel Ltda., y la Cía. CPA de Procesadora de Metales Ltda., y sus representantes, por la responsabilidad que les cabe en el daño ambiental producido en el terreno del sector y en la salud y calidad de vida de dichas personas.

Consecuentemente con lo anterior, se observa un tercer hito –aun en construcción- marcado por el proceso de participación ciudadana a través de una fuerte regeneración del tejido social y urbano de los movimientos sociales que se visibilizan a partir de la existencia de estos problemas ambientales, que aún persisten en el tiempo.

En estas dos décadas de reivindicaciones sociales, avaladas por acciones judiciales y exámenes médicos, se ha demostrado los graves efectos que las negativas condiciones ambientales producen en el deterioro de la salud de hombres, mujeres, niños, niñas y animales. Estudios toxicológicos explican las consecuencias que produce la exposición crónica a niveles altos de plomo y arsénico en la sangre, constituyéndose en un factor significativo de riesgo, fundamentalmente cuando éste se desarrolla en poblaciones con alta vulnerabilidad socioeconómica, puesto que las malas condiciones alimenticias de la población han facilitan la absorción corporal de estos contaminantes.

Los acontecimientos antes señalados, generaron la organización entre los vecinos, para desarrollar movilizaciones de distinta naturaleza, consiguiendo sensibilizar a las autoridades de turno y a la opinión pública local y nacional. Se pone “en el tapete” de la discusión, los problemas derivados de la contaminación por plomo, especialmente.

La construcción de la historia local que se constituye en la memoria colectiva de los habitantes de las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales I, II, III y IV, ha ido incorporando múltiples dimensiones: sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales que le han dado una particular identidad.